LOS IMIGRANTES GOZAN

DE DERECHOS CONSTITUCIONALES

 

Por: Ricardo Skerrett

Ricardoskerrett@gmail.com

(publicado en la edición de paisanotimes.com del 3 de mayo del 2004)

Miembro, Asociación Americana de Abogados de Inmigración

 

                 En mi ultimo artículo en Paisano.com levanté la voz de alerta sobre el programa a ser implementado próximamente en la corte de inmigración en Miami, ya en vigor en Hartford y Atlanta, en donde extranjeros serán detenidos y puestos bajo custodia en la vista inicial frente un juez de inmigración. Aunque, como señalé, las cosas se están poniendo color de hormiga brava, lo bonito de esta nación es que es que vivimos en una sociedad en donde la ley se aplica como norma uniforme sin distinción. Tenemos que reconocer que el gobierno americano, al igual que cualquier institución creada por seres humanos, reacciona a una crisis, en este caso la situación creada a consecuencia de los ataques terroristas del 9/11. Pero, sin embargo, la belleza del derecho constitucional Americano, modelo no igualado por el resto de las naciones sobre la faz de esta tierra, es que hasta las personas que no gozan de los beneficios de la ciudadanía Americana gozan de ciertos derechos fundamentales al amparo de la constitución de los EE.UU.

                 Una decision reciente por un juez de distrito fedreral en California nombrado por el Presidente Bush estableció que las reglamentaciones del gobierno aprobadas a raíz de 9/11 otorgándole al gobierno poderes amplios en la detención de ilegales es inconstitucional. El juez federal Jeffrey White determinó que no existe una razón justificable que permita a los oficiales del gobierno federal suspender automáticamente una orden de un juez de inmigración dejando libre bajo fianza a un extranjero que está siendo deportado. El juez federal decidió que una detención unilateral sin un hallazgo previo de que el extranjero es un riesgo a la seguridad nacional viola la cláusula de debido proceso de ley de la constitución. La reglamentación en cuestión del Departamento de Seguridad Interna (“Department of Homeland Security” o DHS, por sus siglas en ingles) permitía a los abogados del DHS sobrepasar indefinidamente una orden de un juez de inmigración dejando libre bajo fianza a un extranjero durante una apelación de dicha orden. Esta reglamentación fué aprobada sin audiencias públicas y permitía una detención indefinida en tiempo. El juez White determine que la reglamentación violenta la quinta enmienda de la constitución en contra de arrestos y registros irrazonables tanto en terminus sustantivos como procesales.

                 El portavoz del DHS decline comentar sobre la decision. El hecho de que la decisión es de un juez nombrado por el propio presidente Bush es sumamente relevante, pues la misma es un precedente directo y persuasivo para otras jurisdicciones federales.

                 Aún cuando los extranjeros en este país no gozan de los derecho plenos concedidos a los ciudadanos americanos al amparo de la constitución, el campo está trillado y el derecho constitucional nortemericano reconoce ciertos derechos fundamentales y de debido proceso de ley a aquellos que no son ciudadanos, tales como el derecho estar libre bajo fianza y el deecho a tener el debido procedimiento al amparo de la ley.

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